Desde las instituciones implicadas se insiste en que el objetivo es mejorar el servicio sin aumentar la carga administrativa para los ciudadanos ni para las pequeñas empresas.
Los próximos meses serán decisivos para medir el alcance real de las medidas, que aún deben concretarse en reglamentos y en partidas presupuestarias.
La evolución de este asunto se seguirá con atención desde los distintos sectores, que piden información actualizada y plazos claros para la ejecución.
Los puntos de acuerdo y las diferencias pendientes
La comisión que estudia la iniciativa recibió los informes de varios sectores y prevé aprobar el dictamen en las próximas semanas, antes de que el texto llegue al pleno.
- Entrada en vigor escalonada.
- Capacitación del personal implicado.
- Revisión de resultados al año siguiente.
Las bancadas reconocen diferencias en los plazos y en el alcance de algunas normas, aunque coinciden en la necesidad de actualizar un marco que ya tiene varios años de vigencia.
«La prioridad es que las reglas sean claras y se cumplan igual para todos», sostuvo una fuente de la comisión.
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