Desde las instituciones implicadas se insiste en que el objetivo es mejorar el servicio sin aumentar la carga administrativa para los ciudadanos ni para las pequeñas empresas.
Los próximos meses serán decisivos para medir el alcance real de las medidas, que aún deben concretarse en reglamentos y en partidas presupuestarias.
La evolución de este asunto se seguirá con atención desde los distintos sectores, que piden información actualizada y plazos claros para la ejecución.
Los puntos de acuerdo y las diferencias pendientes
La comisión que estudia la iniciativa recibió los informes de varios sectores y prevé aprobar el dictamen en las próximas semanas, antes de que el texto llegue al pleno.
- Publicidad de los contratos y sus modificaciones.
- Plazos máximos para resolver expedientes.
- Registro público de proveedores del Estado.
Las bancadas reconocen diferencias en los plazos y en el alcance de algunas normas, aunque coinciden en la necesidad de actualizar un marco que ya tiene varios años de vigencia.
«El consenso es posible si el debate se hace con los datos sobre la mesa», afirmó un legislador durante la sesión.
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